Ana María Méndez es una mujer con un par de cojones bien puestos, aunque ello en sí sea una paradoja inverosímil. Copropietaria de la tienda barcelonesa Traxtore, una pequeña empresa informática de cara al público, en junio de 2004 fue auditada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y obligada a abonar 48.000 euros en concepto de canon digital correspondiente al período 2002-2004. Esta cantidad, como otras tantas que aplica impunemente la entidad privada, salió de la nada, sin justificación lógica, ya que en aquella época no estaban aplicadas las tarifas digitales. 

Aun habiendo conseguido rebajar el total a sólo 18.000 euros, Ana María se negó a abonar el monto. La SGAE, haciendo uso de su particular condición moral que la hace estar por encima del bien y del mal, demandó a la mujer ante un juzgado mercantil. Ana María perdió el juicio (no el de la cabeza, el del juzgado; aunque vaya usted a saber en estos casos). 

Lejos de amilanarse, la empresaria catalana presentó un recurso ante la Audiencia de Barcelona, que elevó el caso al Tribunal de la UE para conocer si el sistema de gravamen español era conforme a la directiva europea. La sentencia, de octubre de 2010, daba la razón a Ana María y cuestionaba las abusivas prácticas de la SGAE para con los consumidores y comerciantes. Además, ¿a quién se le ocurre cobrar un canon digital con carácter retroactivo de los años de los que no existía el gravamen y los fabricantes no lo aplicaban a los revendedores? Efectivamente, sólo a la SGAE. 

Ana María Méndez decidió crear la asociación Apemit (Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías), una alianza de comercios tecnológicos afectados tanto por agresiones de las entidades de gestión como por aquellos fabricantes e importadores que incumplen con la Ley de Garantías. Asimismo, puso en marcha un sitio web con toda la documentación del caso. Hoy, Apemit está integrada en la plataforma Todoscontraelcanon. 

Contaba en una entrevista que le solicitaban «el canon con carácter retroactivo y no con las tarifas digitales pactadas, sino con las analógicas que se colocaban en las cintas de audio y vídeo. Por cada DVD virgen que he vendido me exigen 1,20 euros más IVA; si yo gano 12 euros con cada tarrina de 100 que vendo, ¿cómo me pueden pedir 120 euros más IVA por ella?». Una auténtica vergüenza digna de ser perpetrada por Golfos Apandadores. 

El problema reside en que la resolución del tribunal de la UE no obliga a los tribunales españoles a nada, sino que simplemente considera y valora lo que a su entender es un abuso de poder. Esta claro que al Gobierno Español (y a la oposición también) se la soplan todas estas gilipolleces europeas. España debe estar siempre a nivel europeo, según nos comentan desde arriba, por eso nos suben los impuestos, el precio de los carburantes o las tarifas eléctricas, porque somos los que menos abonamos del continente. Sin embargo, qué casualidad que siempre se les olvida europeizar los sueldos, las ayudas sociales, los salarios mínimos o los importes de los cánones digitales. Panda de sinvergüenzas, eso es lo que son. 

Según un informe del Centro de Estudios Enter (qué agrupa a grandes empresas del sector tecnológico, así como al organismo estatal Red.es), el canon digital representa un 60% del precio de un DVD en España. La misma fuente señala que la aplicación de este canon al reproductor iPod de 30 GB puede suponer un sobrecoste de 90,6 euros, frente a los 2,56 euros o 9,87 euros que se paga en Alemania e Italia respectivamente. En fin. 

Y para colmo, gracias a la ministra de Cultura que nos ha tocado sufrir, parece que la SGAE va a seguir actuando en la sombra como un organismo privado erigido en juez, policía y legislador ad hoc. Esto es como la bola esa de nieve que crece tanto, tanto, pero tanto, que al final o se rompe en mil pedazos contra un tronco y se va a tomar por culo, o aplasta todo a su paso hasta hacerse inmensa y colosal. Es una pena que la nieve, al final, siempre se derrita cuando sale el sol. Se siente.

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