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Resulta singular y llamativo ver al tío Teddy acompañado por escolta policial al más puro estilo gangsta yanqui. Este hombre que, siempre lo diré, tiene aspecto de abuelo bonachón, cándido y afectuoso, ha trocado su imagen afable, de ojos benévolos y cabello entrecano, por otra algo más cruel, de mirada adusta y velada por billetes morados de euro.

El azote de la piratería se ha convertido en un pirata, presuntamente (o ya no, que cargos se le imputan). Quién iba a pensar que aquel que abogaba por la legalidad más extrema, estaba dando por culo por la puerta de atrás a cientos de miles de españoles mientras gritaba “no a la piratería”. ¿Curioso o evidente? Ese hombre, paradigma de la pulcritud y la legalidad, nos ha abofeteado a todos la cara con muy mala leche.

La SGAE pasa por uno de sus momentos más difíciles. Su cúpula ha sido imputada por delitos muy graves de desvío de capital, apropiación indebida y administración fraudulenta. Incluso su brazo digital, la SDAE, parece que no era tal, sino una sociedad ficticia más del grupo delictivo.

La cosa no llegaría más allá del comentario vespertino en el bar de abajo si no fuera por quién ocupa el meollo del asunto. La sociedad que gestiona los derechos de algunos de sus autores más apreciados, aquella que, con la connivencia del gobierno zapateril y de su ministra de cultura, ha conseguido modelar una ley a medida, sale en los informativos televisivos de medio mundo por robar pasta a los pobres para repartírsela entre los ricos.  Y eso está muy feo. Que no se confunda nadie ahora, la SGAE no ha sido acusada por cobrar el canon, un impuesto revolucionario que lleva entre nosotros desde los años ochenta (aunque algunos lo conozcan desde hace cuatro días), por lo que no me valen falsas acusaciones oportunistas en este momento; aunque creamos que el canon digital es totalmente injusto, es legal en este país, antes conocido como España.

Sin embargo, es curioso ver a nuestro gobierno socialista encaminar el río a su pantano cuando faltan pocos meses para las elecciones. Resulta que, ahora, el señor Rubalcaba (futuro candidato) se hace cruces y se plantea eliminar el dicho canon por imperativo legal, cuando nada tiene que ver el tocino con la velocidad y cuando él y sus compinches fueron los más acérrimos defensores e impulsores del mismo. El electoralismo debería ser un delito, y Rubalcaba un delincuente.

Y para más inri y escarnio del populacho, un sector duro de la SGAE se ha hecho con la batuta de la asociación y se ha erigido en comisión gestora de la misma para intentar esclarecer los hechos. Un sector que comparte ideología con los detenidos y que, a buen seguro, conocía desde tiempo atrás las maniobras fraudulentas de la sociedad, o al menos así lo aseguran desde las filas más críticas. ¿Nuevas elecciones?, sería lo más justo.

Y la ministra González-Sinde solicita parlamento en el Congreso para explicar el caso, y Zapatero comenta que prácticamente ni conocía los acusados, y todo el mundo se lava las manos, pero los damnificados de siempre seguimos pagando el canon, ese canon que abultó los bolsillos de Bautista, Rodríguez Neri, Ramos, Loras, Azcoaga, Martín, García Pombo y Vázquez y los llevó de vacaciones a cuerpo de rey hasta Marbella e, incluso, más allá.

¿Qué va a suceder ahora? ¿Se nos va a devolver el dinero a los que hemos apoquinado durante años o se nos va a seguir robando un poco más para abonar fianzas e indemnizaciones? Yo propongo poner cinco euros cada uno para liberar a Teddy de las frías rejas de la cárcel, que tiene cara de bonachón, hombre, no me digan.

Ana María Méndez es una mujer con un par de cojones bien puestos, aunque ello en sí sea una paradoja inverosímil. Copropietaria de la tienda barcelonesa Traxtore, una pequeña empresa informática de cara al público, en junio de 2004 fue auditada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y obligada a abonar 48.000 euros en concepto de canon digital correspondiente al período 2002-2004. Esta cantidad, como otras tantas que aplica impunemente la entidad privada, salió de la nada, sin justificación lógica, ya que en aquella época no estaban aplicadas las tarifas digitales. 

Aun habiendo conseguido rebajar el total a sólo 18.000 euros, Ana María se negó a abonar el monto. La SGAE, haciendo uso de su particular condición moral que la hace estar por encima del bien y del mal, demandó a la mujer ante un juzgado mercantil. Ana María perdió el juicio (no el de la cabeza, el del juzgado; aunque vaya usted a saber en estos casos). 

Lejos de amilanarse, la empresaria catalana presentó un recurso ante la Audiencia de Barcelona, que elevó el caso al Tribunal de la UE para conocer si el sistema de gravamen español era conforme a la directiva europea. La sentencia, de octubre de 2010, daba la razón a Ana María y cuestionaba las abusivas prácticas de la SGAE para con los consumidores y comerciantes. Además, ¿a quién se le ocurre cobrar un canon digital con carácter retroactivo de los años de los que no existía el gravamen y los fabricantes no lo aplicaban a los revendedores? Efectivamente, sólo a la SGAE. 

Ana María Méndez decidió crear la asociación Apemit (Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías), una alianza de comercios tecnológicos afectados tanto por agresiones de las entidades de gestión como por aquellos fabricantes e importadores que incumplen con la Ley de Garantías. Asimismo, puso en marcha un sitio web con toda la documentación del caso. Hoy, Apemit está integrada en la plataforma Todoscontraelcanon. 

Contaba en una entrevista que le solicitaban “el canon con carácter retroactivo y no con las tarifas digitales pactadas, sino con las analógicas que se colocaban en las cintas de audio y vídeo. Por cada DVD virgen que he vendido me exigen 1,20 euros más IVA; si yo gano 12 euros con cada tarrina de 100 que vendo, ¿cómo me pueden pedir 120 euros más IVA por ella?”. Una auténtica vergüenza digna de ser perpetrada por Golfos Apandadores. 

El problema reside en que la resolución del tribunal de la UE no obliga a los tribunales españoles a nada, sino que simplemente considera y valora lo que a su entender es un abuso de poder. Esta claro que al Gobierno Español (y a la oposición también) se la soplan todas estas gilipolleces europeas. España debe estar siempre a nivel europeo, según nos comentan desde arriba, por eso nos suben los impuestos, el precio de los carburantes o las tarifas eléctricas, porque somos los que menos abonamos del continente. Sin embargo, qué casualidad que siempre se les olvida europeizar los sueldos, las ayudas sociales, los salarios mínimos o los importes de los cánones digitales. Panda de sinvergüenzas, eso es lo que son. 

Según un informe del Centro de Estudios Enter (qué agrupa a grandes empresas del sector tecnológico, así como al organismo estatal Red.es), el canon digital representa un 60% del precio de un DVD en España. La misma fuente señala que la aplicación de este canon al reproductor iPod de 30 GB puede suponer un sobrecoste de 90,6 euros, frente a los 2,56 euros o 9,87 euros que se paga en Alemania e Italia respectivamente. En fin. 

Y para colmo, gracias a la ministra de Cultura que nos ha tocado sufrir, parece que la SGAE va a seguir actuando en la sombra como un organismo privado erigido en juez, policía y legislador ad hoc. Esto es como la bola esa de nieve que crece tanto, tanto, pero tanto, que al final o se rompe en mil pedazos contra un tronco y se va a tomar por culo, o aplasta todo a su paso hasta hacerse inmensa y colosal. Es una pena que la nieve, al final, siempre se derrita cuando sale el sol. Se siente.

La prepotente y cerril actitud de Teddy Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), me sobrepasa hasta límites que no sospechaba siquiera tener. Este hombre, de aspecto bonachón y jaranero, guarda en su interior un desconocido mecanismo que hace que salten en mí todos los resortes de la grosería, la zafiedad y la vulgaridad más chabacana. (Inspiro, espiro). No te pierdas, Jonathan, que no merece la pena. Está bien, intentaré ser educado, que para eso estudié en colegio de curas.

Resulta que el bueno de Teddy concede una entrevista que aparece publicada en Heraldo.es, en el marco de un acto organizado por los Ejecutivos y Directivos de Aragón. Y comenta, entre otras perlas, que “si se exime a las empresas del canon, los particulares pagarán más” (sic). Y a mí se me revuelven las entrañas cuando oigo cosas como esta.

El canon remuneratorio y el concepto de copia privada fueron introducidos en España hace décadas (a finales de los ochenta), cuando la industria observó que la copia de casetes musicales (mediante los famosos aparatos de doble pletina) era algo de todo punto imparable. En lugar de luchar contra aquella primigenia piratería a golpe de sentencia judicial, llegaron a un acuerdo para recaudar lo que decían perder en concepto de ventas musicales, aplicando una suerte de impuesto añadido al precio final de las cintas vírgenes de casete. Pero esto lo cuenta mejor David Bravo que yo.

Con el paso de los años, y tras la aparición de Internet, la SGAE se ha ido creciendo y ha conseguido que el famoso canon se aplique, ya no sólo a los medios digitales en los que se pueda grabar y reproducir ilegalmente una obra original, sino a elementos tan absurdos como una impresora, un teléfono móvil, un escáner o una memoria USB. Argumentan motivos tan inverosímiles como que con un móvil (que disponga de funciones de MP3) se puede reproducir música ilegal, y también dicen que con un escáner casero se puede duplicar un libro al completo (¡pues vaya trabajito!).

Y yo digo: ¿de los cedés y deuvedés que utilice para mis archivos personales, quién me devuelve el canon? Pagamos obras intelectuales y artísticas cientos de veces sin haberlas adquirido. En este país se compran miles de soportes digitales, de teléfonos celulares, de impresoras, de fotocopiadoras, y demás aparatos que se emplean exclusivamente de manera individual y propia. ¿Por qué hemos de pagar por ello un impuesto revolucionario que dispone una empresa privada con la connivencia, el beneplácito y la complacencia del Gobierno de España y de la Ministra de Cultura? Para que, encima, nos amenacen con el aumento del gravamen porque les ha picado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo siento, pero yo me niego.

¿Y cómo luchar contra esta injusta postura? Evidentemente, el rechazo al pago no es una buena vía; cuando se compra algo hay que abonarlo religiosamente, y el vendedor no tiene culpa del incremento de los apandadores. Mi apuesta va mucho más allá. Consiste en, simplemente, no volver a pagar por nada, absolutamente nada, en la vida. Ni un disco de música, ni una película, ni una serie de televisión, ni un documental, ni un videojuego, ni un libro, ni nada que se pueda descargar de Internet.

Teóricamente el canon suple estos actos de piratería (ya que no hay ánimo de lucro ni perjuicio de terceros en ellos), y con lo que pago y he pagado por artículos que nunca he dedicado a los supuestos que ellos apuntan, desde luego he sufragado con creces todo lo que me baje o me pueda bajar en el futuro. ¡A robar a un camino, señor Bautista!

Y cuando digo el centro no me refiero al meollo, al núcleo de la controversia, sino al espacio que se encuentra entre la izquierda y la derecha, al punto que equidista de aquellos que olean los cojones de los Anónimos de 4chan y de los que rechazan de plano sus acciones. Evidentemente, me estoy refiriendo a los recientes hechos que produjeron el fatal desplome de los servidores web de la SGAE y el Ministerio de Cultura español, la pasada semana.

Cuando sucede algo así, me gusta dejar pasar unos días antes de hablar en caliente sobre el tema. Los que conocen bien este blog saben que por aquí somos muy forchaneros y, además, muy poco amigos de la política de la SGAE con respecto a las acciones tomadas en pro de gestionar los derechos intelectuales de las obras. Sin embargo, existe algo que se llama respeto y otro algo que se llama educación, dos conceptos totalmente olvidados cuando las personas dejaron de relacionarse en la calle para pasar a mantener, casi exclusivamente, vínculos digitales.

Los Anónimos son unas bestias pardas, y todos los sabemos, pero un ataque DDoS, aunque todavía no es delito en España, será considerado en la próxima reforma del Código Penal (principios de 2011) como un acto delictivo de carácter informático. Esto quiere decir que andaremos jugando con fuego a la hora de embarcarnos en un navío con esta bandera.

No comparto para nada la postura de Enrique Dans sobre el asunto al tildar de legítimo un ataque de esta clase. Pero tampoco estoy de acuerdo con Antonio Ortiz, de ‘Error 500′, cuando asevera que los linchamientos organizados y anónimos son la peor especie de ejercicio de la libertad. Mi posición es más moderada y se emplaza entre la defensa de la independencia anónima de la Red y la custodia de las libertades personales y de las empresas privadas o públicas.

Una manifestación en contra de unas ideas o unas acciones nunca debe, o no debería, rayar la delgada frontera que separa el acto protestatario en sí de la agresión con público vilipendio. Y no me desdigo de lo que escribía sobre esto en una entrada anterior, en la que contemplaba la posibilidad de, por ejemplo, una lucha sindical cibernética a golpe de DDoS, sino que matizo que, como ocurre con las expresiones de protesta en el mundo real, las quejas en Internet deberían estar reguladas por ley en un futuro próximo, ni más ni menos.

Tampoco me quiero posicionar radicalmente en contra de esta última acción de 4chan porque sería un necio; los organismos asaltados merecen mi más enérgica repulsa. Sin embargo, un ataque distribuido de denegación de servicio puede ser realizado por cualquier grupo de pendejos electrónicos en un momento dado, agrediendo sitios web empresariales por el simple hecho de no complacerles sus colores corporativos. Y un blog personal podría correr la misma suerte por razones estúpidamente análogas. Eso no es de recibo en una sociedad digital, a la vez democrática y anárquica, como es Internet.

Los ataques de esta índole pueden considerarse como los piquetes de una huelga que terminan por dar fuego a todo lo que encuentran a su paso. Además, para mayor escarnio internauta, alimentan las bocazas de los dueños de las industrias que piden poner vallas al campo, limitando por derecho la libertad de expresión en la Red de redes y restringiendo el anonimato de la misma, si es que alguna vez fue anónima, que no.

Pero tampoco debemos dejar pasar por alto los embates de aquellos que dicen ser poseedores de la verdad absoluta en lo que a derechos de autor se refiere. Lo nunca visto en ninguna parte del mundo ha sucedido en España: una empresa privada ha conseguido, en alianza con una ministra de cultura títere, que un gobierno cree una ley ad hoc que permita perpetuar su enriquecimiento compulsivo a costa de los euros que salen de los bolsillos de los consumidores. Corruptelas de copa y sofá con la connivencia de la autoridad.

Lógico resulta, pues, el cabreo de la gente que apoquina, y lógicos también los actos subversivos en contra de los responsables de tamaño despropósito. Por eso prefiero no escribir acerca de estas cuestiones en el minuto uno, porque, probablemente, hace una semana esta entrada habría sido totalmente distinta. Hay que reflexionar sobre la materia y llegar a una conclusión lógica, y es que no debemos dejarnos pisotear por apandadores, pero tampoco resolver las disputas a mandobles y cuchilladas.

Admiro a los Anónimos por lo que representan, pero creo que tienen un poder de convocatoria y ajetreo de masas tan desmesurado que puede llegar a ser peligroso; quizás este no haya sido el caso, pero podría haberlo sido. Los problemas se resuelven hablando, y las leyes están hechas para poder incumplirlas. Si después actúan ellos por la fuerza, ya habrá tiempo de bajarles los humos a hostias. Pero, inicialmente, pido reflexión, cautela y moderación. Todo llegará.

Mucho se ha hablado y se hablará de la famosa Ley de Economía Sostenible, que es un anteproyecto de Ley aprobado en noviembre del pasado año, por el Consejo de Ministros español, y que pretende cambiar el modelo económico y renovarlo hacia un arquetipo más sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. En principio no comentaríamos absolutamente nada sobre ello en este blog si no fuera porque la primera disposición final de este texto pretende luchar contra el intercambio de archivos sujetos a derechos de autor a través de redes P2P. Que no sé qué mierda tiene esto que ver con la economía y su sostenibilidad, a no ser que sea por todos esos millones de euros que dicen perder las discográficas a causa de la piratería.

Esta situación está llegando a unos extremos en los que prácticamente ningún blog de Internet ha dejado de comentar la noticia desde hace meses. Sin embargo, me da la sensación de que existe todavía un montón de gente desinformada o con información errónea y sesgada sobre el tema. Es lógico, porque donde se pretende aclarar estos temas se utilizan palabras, términos y expresiones más propias de abogados y economistas que de la gente de la calle como tú y como yo. Es por ello que voy a intentar esclarecer y arrojar luz sobre esta ley de forma tal que lo entienda todo el mundo, hasta los tontos de baba, como reza el título del post y que no alude a ningún lector de este blog en particular, Dios me libre.

La ley es muy sencilla de elucidar y para tal propósito dividiré mi exposición en tres puntos clave: el primero, el segundo y el tercero. O, si se prefiere, el A, el B y el C, que tanto monta, monta tanto.

Punto 1º (o A): La SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) es una entidad privada que gestiona los derechos de autor de los artistas españoles en general. Recauda el dinero que generan esos derechos de autor y lo reparte entre sus directivos autores afiliados. A la SGAE le molesta mucho todo el tema de las descargas de Internet, porque dice que sus socios pierden mucho dinero. Por eso se ha embarcado en una cruzada de denuncias contra sitios web que comparten enlaces de descarga o similares (caso Spanishare.com, caso Foro de Alejandría, caso Etmusica.com y otros). Hasta el día de hoy, la SGAE no ha ganado nunca, nunca, nunca, pero nunca, un solo juicio de estos. Todos los jueces han fallado a favor de los demandados y han desestimado los argumentos de la entidad.

Punto 2º (o B): Como parte de la profunda remodelación del Gobierno de España del pasado año, el día 7 de abril de 2009, Zapatero nombró a la señora (o señorita) Ángeles González-Sinde Ministra de Cultura. Esta mujer es una guionista y directora española que supongo que no conocerás como guionista y como directora tampoco, porque sólo ha rodado tres películas que batieron el récord de venta de entradas de parques de atracciones, teatros, chiquiparks y, en general, cualquier otro espectáculo que no supusiera ir al cine. Por supuesto, es una autora miembro (o miembra, que diría una compañera suya) de la SGAE. Como dirían los gaditanos: fite tú que casualidá.

Punto 3º (o C): Lo que propone la anteriormente citada primera disposición final de la Ley de Economía Sostenible es la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que tenga el poder suficiente para cerrar una web molesta sin necesidad de pasar el caso por los ojos de un juez. Vamos, que es una Ley a medida para que González-Sinde y sus colegas se reunan en torno a una mesa y decidan a quién censurar y quién no. Como han visto que los jueces nunca les dan la razón, pues se convierten ellos en jueces de un plumazo y punto pelota. Vaya, lo que viene siendo democracia en estado puro.

Si esta ley llegara a prosperar, que todo parece indicar que así será, sería como considerar que la legislación española prácticamente se ha vuelto loca, si es que no lo estaba ya. Leyes a medida sólo se las sacan de la manga los regímenes dictatoriales que pretenden dar valor legal a algo no muy popular que les conviene o les interesa. Pero es que además ocurriría un hecho inusitado, que es que sería una ley no aplicable por un juez en un procedimiento legal, sino por una comisión externa a lo judicial. Una locura en toda regla que reventaría el esquema de los tres poderes clásicos.

Pero, ¿cómo deberían responder los distintos implicados en esta trama? Está claro que la cosa no se puede quedar así y que se debe responder masivamente a este ataque contra la libertad. Los diferentes elementos que se implican son responsables de sus propios actos y tendrían la obligación moral de contestar al Gobierno mediante diferentes técnicas.

1.- Los internautas: Manifestándose masivamente no sólo en la Red, que ya se está produciendo en miles de blogs, foros y demás sitios web, sino también en la propia calle. No callarse nunca y responder con iniciativas como La lista de Sinde es muy importante para mantener la sensación de agravio que debemos sentir los usuarios de Internet.

2.- Los proveedores de acceso a Internet: Negándose a proporcionar datos de los sitios denunciados y a clausurar webs si no existe una previa orden judicial.

3.- Los jueces: Alzando la voz contra una medida que los desprestigia y que pone en tela de juicio sentencias anteriores.

4.- Los artistas: Si tuvieran un mínimo de dignidad, posicionándose en contra de esta medida y sacando la cabeza del yugo que la SGAE y las discográficas les ponen continuamente para dirigirlos por el “buen camino”.

5.- El Gobierno: Aunque sólo fuera por lo socialista y lo obrero del nombre del partido que lo ostenta, debería darse cuenta de que medidas tan impopulares como ésta desgastan mucho al Ejecutivo. Es probable que ello, más el aumento del IVA, más el retraso de la edad de jubilación, entre otros temas, acaben con el Gobierno de Zapatero en la oposición el año 2012.

Espero que se recapacite acerca de este asunto y las aguas vuelvan pronto a su cauce. Esta ley es inadmisible y todo el mundo debería conocer sus efectos. En principio parece que contra el ciudadano que descarga no van a ir, pero vete tú a saber. Sólo me queda la esperanza de que cuando no se pueda descargar nada de la Red, nos quitarán el canon remuneratorio porque ya no tendrá sentido. ¿O no?